CAPÍTULO 73

Patricia Verdugo firmó una investigación periodística que a punto estuvo de sentar en el banquillo al dictador

El juez Juan Guzmán Tapia procesó en diciembre del año 2000 al exdictador chileno Augusto Pinochet como autor intelectual de 56 asesinatos y de 19 secuestros que cometió en 1973 la llamada Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió el país ejecutando a 93 prisioneros políticos. En 1998, el juez Guzmán, que ya estaba investigando al resto de implicados, invitó a su despacho en la Corte Suprema de Chile a la periodista Patricia Verdugo, autora del libro que el magistrado empleó como «base ordenada de datos» para el proceso en el que terminó condenando a numerosos exoficiales del Ejército.

Los zarpazos del puma, publicado en 1991, fue una investigación periodística realizada por Verdugo en la que entrevistó, no solo a los familiares de los ejecutados y desaparecidos, sino a los propios militares que habían sido testigos de la historia. Advirtiéndoles de los riesgos que corrían al revelar lo que vieron, aunque oficialmente la dictadura de Pinochet había finalizado en marzo de 1990, consiguió los testimonios de casi todos los implicados en la matanza. De todos, menos del general Sergio Arellano Stark, el principal responsable de la comitiva, que solo respondía con evasivas a través de su abogado.

El exquisito trabajo periodístico de Patricia Verdugo fue fundamental para condenar a los militares involucrados en la matanza y procesar al propio general Pinochet. Tan buena fue su investigación que Arellano Stark la denunció por injurias, una querella que fue desestimada. Lo que comprobó Patricia Verdugo fue lo siguiente:

La caravana de la muerte

Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que acabó con el gobierno de Salvador Allende, algunos altos mandos del Ejército habían sido moderados en su trato a los exdirigentes izquierdistas a los que Pinochet había alertado de que no habría piedad. Para enseñarles a los propios militares su intención de aplicar mano dura sobre los «peligrosos» socialistas, el dictador nombró a Sergio Arellano Stark como su delegado con el objetivo de «acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia».

Esa aceleración de procesos era, como descubrió Verdugo, un eufemismo para denominar las actividades criminales de la comitiva de Arellano. En los meses de septiembre y octubre de 1973, el general delegado y sus hombres viajaron a bordo de un helicóptero Puma del Ejército primero por el sur de Chile (Rancagua, Talca, Valdivia, Cauquenes…), donde ejecutaron a 26 personas, y más tarde por el norte (La Serena, Antofagasta, Iquique…) donde a esa cifra se sumaron 71 muertos y desaparecidos.

Muchos de los integrantes de la comitiva de Arellano Stark formaron parte, más tarde, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet dedicada a torturar a los disidentes. Estos ascensos fueron una muestra de la complicidad de la Junta Militar en esta operación, ya que si hubiesen actuado por su cuenta, como se sostuvo cuando salió a la luz, nunca habrían ocupado esos distinguidos cargos dentro del régimen.

Una de las cualidades que estos hombres tenían para poder ser brillantes agentes de la DINA era su crueldad, puesto que, en muchas ocasiones, antes de ejecutar a los detenidos los degollaban utilizando corvos. En el caso de Antofagasta, los cuerpos quedaron tan destrozados que tuvieron que recoger los trozos con una palangana metálica. El general Joaquín Lagos, a quien la visita de Arellano Stark quitó el control sobre su regimiento, reveló que los hombres venidos de Santiago ejecutaban por partes para que los reos «murieran lentamente» y con el máximo dolor posible.

Audacia judicial a ambos lados del Atlántico

En 1978, consciente de las atrocidades que se habían cometido durante su gobierno, Pinochet promulgó la ley de amnistía. Esta eximía a los miembros de las Fuerzas Armadas de cualquier tipo de responsabilidad penal por las violaciones de derechos humanos cometidas con posterioridad al golpe, pero había una pequeña rendija por la que el juez Guzmán consiguió colarse.

Los miembros de la caravana de la muerte, como en casi todas las dictaduras, pensaron que, si no se encontraban los cuerpos, no les podrían exigir explicaciones sobre sus muertes. Lo que ocurrió es que, si bien el delito de homicidio calificado sí estaba recogido en la ley de amnistía, no era así con el de secuestro y, al no encontrarse los restos mortales de los ejecutados, su situación legal podía ser la de secuestrados, un delito permanente e imprescriptible a ojos de la Corte Suprema.

Calle Londres 38

Además, el juez Guzmán aprovechó que el magistrado español Baltasar Garzón había solicitado la detención de Augusto Pinochet en la clínica de Londres en la que se había sometido a una intervención para unirse al proceso histórico que podría hacer que el dictador rindiese cuentas por lo que había hecho. Incluso, consiguió su desafuero como senador vitalicio, pero la causa contra Pinochet fue sobreseída definitivamente por motivos de salud.

A pesar de que «el dictador de gafas oscuras», como lo llamaba Pedro Lemebel, no se fuera a sentar en el banquillo en el Chile que acribilló, el proceso iniciado por el juez Guzmán y la valentía periodística de Patricia Verdugo culminó con la condena a Sergio Arellano Stark y cuatro de sus colaboradores a seis años de prisión por el homicidio calificado de cuatro jóvenes militantes del Partido Socialista.

La sentencia, aunque comedida y desproporcionada con la gravedad de los crímenes, fue un hito judicial que trastocó la impunidad del régimen pinochetista y hasta hizo temblar al viejo dictador ante la posibilidad de ser enjuiciado. Y todo gracias a la insistencia de las víctimas, la valentía de un juez sin miedo a los oscuros círculos de poder y a Los zarpazos del puma, un libro desgarrador y sumamente interesante que arroja luz sobre esos misteriosos y horrendos asesinatos que siguen reclamando justicia. Aún hoy, cuando un candidato que banaliza el gobierno de Pinochet ha ganado las elecciones, en Chile existen 1.159 personas desaparecidas durante la dictadura que son buscadas por sus familias.